¿Cambiar “el modelo”?

Luis Felipe Lagos

De un tiempo a esta parte, y particularmente desde el 18-O y la crisis sanitaria, algunos vienen planteando que “el modelo” fracasó y hay que cambiarlo.

La estrategia de desarrollo que Chile ha seguido en los últimos 30 años es una que opta por la libertad, la democracia representativa y una economía social de mercado, estrategia que, con distintos matices (incluyendo la social democracia), ha permitido alcanzar el progreso a los países.

Para los críticos, la economía de mercado es injusta y genera desigualdad. Sus propuestas de cambio llevan a privilegiar el rol del Estado en la economía, lo que Bernie Sanders ha denominado el socialismo democrático. Sin embargo, los experimentos de transformación socialista en la región, generalmente han sido profundamente antidemocráticos y han condenado a los países a un rotundo fracaso económico.

La estrategia de desarrollo de Chile ha sido exitosa. Entre sus logros, ha permitido reducir la pobreza de 68,5% en 1990 a 8,6% en 2017 (metodología actual); la extrema pobreza de 48,8% a 2,3%; la desigualdad de un Gini de 0,54 a 0,45; aumentar el ingreso promedio de los hogares en 2,5 veces y 2,9 veces para el 10% más pobre; elevar el acceso a agua potable urbana de 90% a 99% y de 48% a 94% rural; incrementar la esperanza de vida a 80 años y reducir la mortalidad infantil un 63%; disminuir y estabilizar la inflación en torno a 3% y, según la OECD, ser el país con mayor movilidad social.

¿Qué ha fallado, entonces, para justificar el malestar? La principal falla resulta del actuar del Estado y, por lo tanto, es sorprendente que los críticos quieran aumentar su participación en pensiones, salud y educación.

La función primordial del Estado es cautelar el orden público para garantizar el Estado de Derecho. En esto ha fracasado rotundamente, no sólo por su dificultad para controlar la extrema violencia del 18-O. En efecto, desde hace largo tiempo el Estado no ha logrado impedir que barrios sean controlados por el narcotráfico y la delincuencia; no ha sabido dar una solución al problema de terrorismo en La Araucanía y ha sido débil con los brotes de violencia estudiantil.

El Estado tampoco ha sido capaz de transitar más rápidamente hacia una sociedad con igualdad de oportunidades. Esto, por cuanto la calidad de los servicios públicos es insuficiente. En educación, resulta incomprensible, dada la amplia evidencia respecto a los beneficios de fortalecer la educación preescolar y escolar, que por consideraciones ideológicas se destinen cuantiosos recursos a la gratuidad universitaria, y no a mejorar la calidad de la educación inicial y escolar.

En salud pública, más allá de la muy buena gestión hospitalaria en la pandemia, ¿qué puede causar más malestar que tener que esperar meses y, en algunos casos, más de un año, para una atención o cirugía? Si bien los recursos son siempre limitados, la baja calidad se explica por una pobre gestión. El gasto en educación y salud aumentó de 4% del PIB en 1990, a 10,3% en 2018, sin una mayor satisfacción ciudadana.

En pensiones, desde la Comisión Marcel de 2006 están claros el diagnóstico y las soluciones. No obstante, la falta de voluntad política para llegar a acuerdos ha impedido aprobar una reforma, siendo que por años ha sido una de las prioridades de las personas. Asimismo, el Estado ha sido lento en regular los atentados a la libre competencia, y en sancionarlos adecuadamente.

Ciertamente no necesitamos más Estado, sino uno más moderno y eficiente para recuperar la economía y volver a la senda de progreso sostenido.